Sector público:
Fiscalía, CTI, Policía Judicial, Medicina Legal y entidades de seguridad del Estado.
Sector privado
Firmas de investigación, seguridad corporativa, auditoría forense, apoyo a equipos legales.
Consultoría independiente
Como técnico judicial certificado, según requisitos y procesos vigentes, en casos civiles, penales y comerciales.