En abril de 2025, dos menores murieron en el norte de Bogotá después de consumir frambuesas contaminadas. No hubo arma de fuego. No hubo rastro visible. No hubo testigos del momento del envenenamiento. Lo que había era un metal pesado, incoloro, inodoro e insípido, mezclado con una fruta congelada, enviado a domicilio como si fuera un regalo.
Para el ciudadano común, ese crimen era invisible. Para el sistema de investigación judicial colombiano, era un desafío técnico de primer orden que en 2026 sigue evidenciando cuánto importa la formación forense de quienes trabajan en el CTI, la Fiscalía y los laboratorios de Medicina Legal.
Este blog no está escrito para contar el crimen. Está escrito para explicar qué hace exactamente el equipo de criminalística cuando la evidencia no se ve, no se huele y no se toca con las manos.
Los análisis forenses ratificaron que una mujer murió en 2020 también por intoxicación con talio, lo que vincularía a la principal investigada con una presunta cadena de ataques que se extiende por lo menos durante cinco años.
¿Qué es el talio y por qué es el veneno que más desafía a la toxicología forense?
El talio es un elemento insípido, inodoro y soluble en agua, asociado tanto a intoxicaciones accidentales como a envenenamientos intencionados. El tratamiento prioriza la eliminación inmediata mediante descontaminación, terapia con azul de Prusia y hemodiálisis en casos graves. Desde el punto de vista forense, el talio representa uno de los retos más exigentes que puede enfrentar un laboratorio de toxicología: no altera el sabor ni el olor del alimento en el que se deposita, sus síntomas iniciales, pérdida de cabello, hormigueo, debilidad, se confunden fácilmente con otras patologías, y su detección requiere análisis específicos que no forman parte del protocolo estándar de necropsia.
El servicio de Toxicología Forense del Instituto Nacional de Medicina Legal apoya a la administración de justicia por medio de la búsqueda de sustancias químicas tóxicas en muestras biológicas de origen humano, fluidos y tejidos, así como en muestras no biológicas asociadas a casos de intoxicación accidental o intencional, recolectadas durante la necropsia, el reconocimiento médico legal o la inspección de la escena en el marco de una investigación judicial. Eso significa que cuando llegaron las dos menores al sistema hospitalario bogotano, el reloj forense ya había empezado a correr y la precisión de los análisis determinó no solo el diagnóstico clínico, sino la viabilidad de todo el proceso penal posterior.
La cadena de custodia de lo que no se ve
El análisis forense se concentró en tres productos que, según la investigación, fueron consumidos por las víctimas: galletas, café y frambuesas. Los resultados del dictamen establecen diferencias claras entre los alimentos examinados y delimitan el foco de la intoxicación. Esa diferenciación no es trivial: si el talio se hubiera detectado en todos los alimentos, la hipótesis de envenenamiento intencional habría sido más difícil de sostener ante un juez. Al concentrarse exclusivamente en las frambuesas, los peritos del Instituto Nacional de Medicina Legal construyeron el primer eslabón de la cadena probatoria: la sustancia tóxica estaba en un producto específico, no en el entorno general.
El segundo eslabón fue la reconstrucción del origen del producto. Investigadores del CTI determinaron que la principal sospechosa adquirió un primer paquete de frambuesas el 25 de marzo a la 1:15 de la tarde. Ese dato no nació de un testimonio, nació del cruce de registros digitales de transacciones, bases de datos de plataformas de comercio y análisis de movimientos financieros. Es OSINT aplicado a la investigación criminal en su forma más pura: información pública o semipública, analizada con método, que se convierte en evidencia judicial.
El tercer eslabón fue la reconstrucción de la cadena de entrega. La Fiscalía solicitó a empresas como Rapigo, Domencoop, Mensajeros Urbanos, Rappi y Didi que informaran sobre posibles envíos realizados a nombre de personas vinculadas en la investigación. Una de las aplicaciones respondió, reportando que se realizaron tres solicitudes de domicilios: el 8 de enero, y el 3 y 5 de abril de 2025. Tres fechas, tres envíos, tres posibles víctimas. Ese patrón, construido a partir de datos digitales de plataformas de domicilios, es exactamente el tipo de evidencia que hoy define los casos más complejos del sistema penal acusatorio colombiano.
Cuando el criminal borra la evidencia digital
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El sistema vial colombiano va a seguir transformándose. La pregunta que debe hacerse cualquier persona que quiera trabajar en ese sistema no es si debe formarse, sino dónde va a formarse con las competencias que el mercado realmente exige. La diferencia entre el chaleco reflectivo y el Big Data no es solo tecnológica. Es una diferencia de formación. Y esa formación la encuentras en la EICIT.
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