¿Quién investigará las suplantaciones que ya ocurrieron?
El 19 de mayo de 2026, el Congreso promulgó la Ley Estatutaria 2573 de 2026, una norma que sacudió al sistema financiero colombiano: por primera vez, los bancos, fintech, operadores de telecomunicaciones y establecimientos comerciales tienen la obligación legal de suspender cobros, reversar reportes en centrales de riesgo y entregar documentación probatoria cuando una persona denuncia haber sido suplantada. Tienen 6 meses para adaptarse, hasta noviembre de 2026
El contexto lo justifica. Según la Policía Nacional en 2025 se reportaron 62.299 denuncias por delitos informáticos relacionados con suplantación, en un país donde el 82% de las transacciones bancarias ya ocurre en canales digitales. Los intentos de suplantación crecieron más de un 80% en un año. Deepfakes, identidades sintéticas, documentos manipulados con IA y voces falsas hacen que el fraude sea cada vez más difícil de detectar para las entidades y más devastador para las víctimas.
Pero hay una pregunta que la ley responde a medias: ¿quién investiga los casos de suplantación una vez ocurren? ¿Quién rastrea la huella digital, recupera la evidencia y construye el expediente que la Fiscalía necesita para actuar?
Lo que la ley exige y el perfil que el mercado necesita
La Ley 2573 no solo protege a las víctimas. Crea una obligación procesal nueva: la carga dinámica de la prueba. Bajo este principio, las entidades financieras y los operadores deben suministrar documentos, registros biométricos, historiales de autenticación y demás información relevante cuando la víctima lo solicite. Eso significa que cada caso de suplantación se convierte en un proceso de investigación digital con evidencia que alguien tiene que recolectar, analizar y presentar ante la Fiscalía o los jueces.
La Ley 2502 de 2025 modificó el artículo 296 del Código Penal e introdujo un agravante específico: cuando la suplantación de identidad se comete mediante herramientas de inteligencia artificial, deepfakes, audios falsos, rostros generados, documentos adulterados con IA, la sanción prevista para falsedad personal se incrementa. No es un delito nuevo; es el mismo delito con una pena mayor cuando la tecnología amplifica el daño.
La combinación de la Ley 2502 (penal) y la Ley 2573 (financiera-civil) crea un ecosistema jurídico completo: más responsabilidad para las entidades, más pena para los delincuentes y más necesidad de investigadores que sepan trabajar con evidencia digital de alta complejidad. El técnico en investigación judicial de la EICIT es exactamente el eslabón que conecta la denuncia con la condena.
Ese “alguien” tiene un nombre técnico: investigador judicial con competencias en análisis forense digital y OSINT (rastreo de fuentes abiertas). Un perfil que sabe extraer metadatos de documentos, rastrear IPs, analizar registros de autenticación y construir informes periciales en lenguaje comprensible para los jueces. El mismo perfil que la Ley 2502 de 2025, que penalizó el uso de IA para suplantación, fortaleció en el plano penal.
La demanda de este perfil no es futura. Es presente. Firmas de auditoría e interventoría ya publican vacantes para investigadores con formación técnica en criminalística e investigación judicial. La Procuraduría tiene 2.826 vacantes abiertas en 2026, incluyendo Técnico Criminalística y Técnico Investigador.
La EICIT en Soacha ya forma ese investigador
El Técnico Laboral en Criminalística e Investigación Judicial de la EICIT incorpora desde el primer semestre las competencias que la nueva realidad legal exige: OSINT aplicado a la investigación de ciberdelitos, análisis forense digital con plataformas como Autopsy, rastreo de identidades en fuentes abiertas, y cadena de custodia con estándares de la Fiscalía General de la Nación.
Los estudiantes aprenden a calcular hashes SHA-256 para validar evidencia digital, a reconstruir cronologías de acceso fraudulento, a identificar registros biométricos adulterados y a redactar informes periciales admisibles en audiencia. Son exactamente las habilidades que la Ley 2573 de 2026 puso en el centro del sistema judicial colombiano.
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